COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Acción de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto administrativo propio
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO 635 DE 2023
Ref: Expediente CJU-2750
Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla.
Magistrada sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 13 de agosto de 2020[1], la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Gustavo Víctor Cermeño Ruiz. Lo anterior, con el objetivo de que (i) se declare la nulidad de las Resoluciones No. GNR 388821 del 6 de noviembre de 2014 y GNR 101477 del 11 de abril de 2016[2] y (ii) se ordene al demandado a reintegrar todo lo pagado[3].
2. Mediante auto del 21 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B se declaró incompetente por falta de jurisdicción y ordenó la remisión del proceso a los juzgados laborales del circuito. Al respecto, señaló que la presente controversia versa sobre la seguridad social de un trabajador particular y, por tanto, le corresponde conocerla a la jurisdicción ordinaria laboral. Lo anterior, con fundamento en los artículos 104.4, 152 y 155 del CPACA, los artículos 2, 5, 10 y 11 CPTSS y la jurisprudencia del Consejo de Estado[4].
3. En consecuencia, el asunto fue repartido al Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla que, a través de auto del 15 de diciembre de 2021, propuso conflicto negativo de jurisdicción y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. Dicha decisión se fundamentó en los artículos 104 y 138 del CPACA y en la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura[5] según la cual la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por una entidad pública contra su propio acto es de competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso-administrativa.
4. El 2 de septiembre de 2022, el expediente fue radicado ante la Corte Constitucional[6]. Posteriormente, el 30 de marzo de 2023 el expediente fue repartido al despacho de la Magistrada Sustanciadora.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones
1.1 Este Tribunal es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[7].
2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones
2.1 Mediante reiterada jurisprudencia esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia o de jurisdicción son controversias de tipo procesal en donde varios jueces pueden: (i) rehusarse a asumir el conocimiento de un mismo asunto, para lo cual alegan su incompetencia (conflicto de competencia negativo) o (ii) pretender asumir el mismo trámite judicial, al considerar que tienen plena competencia para el efecto (conflicto de competencia positivo)[8].
2.2 En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en considerar que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se estructuren tres presupuestos, a saber: (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones, (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en curso un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, mediante un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran o no competentes para conocer de la causa.
2.3 En ese orden de ideas y previo planteamiento de las consideraciones a las que haya lugar para resolver el presente asunto, procederá la Corte a verificar, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, el cumplimiento de los presupuestos anteriormente descritos.
2.3.1 Del presupuesto subjetivo: Constata la Corte la configuración de este, toda vez que la controversia objeto de análisis se suscitó entre una autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa (Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B) y otra de la jurisdicción ordinaria laboral (Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla).
2.3.2 Del presupuesto objetivo: Se entiende superado comoquiera que se verificó la existencia de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colpensiones contra Gustavo Víctor Cermeño Ruiz, con el objetivo de solicitar la nulidad de las resoluciones que le reconocen al demandado una pensión de invalidez.
2.3.3 Del presupuesto normativo: Sobre el particular, advierte la Corte que el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B justificó su falta de jurisdicción en los artículos 104.4, 152 y 155 del CPACA, los artículos 2, 5, 10 y 11 CPTSS y la jurisprudencia del Consejo de Estado[9]. Por su parte, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla rechazó el conocimiento del asunto por considerarse falto de jurisdicción de conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 138 del CPACA y en la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura.[10] Como se evidencia, ambas autoridades judiciales presentaron argumentos de carácter legal y jurisprudencial para sustentar su posición.
2.4 Superado el análisis de los presupuestos de configuración de los conflictos de jurisdicciones, procede la Corte a dirimir la controversia suscitada entre el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla. Para ello, se desarrollará el fundamento normativo, con el objetivo de dar solución al caso concreto.
3. Competencia judicial para conocer de asuntos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de un acto propio. Reiteración del Auto 316 de 2021.
3.1 Según lo indicado por esta Corporación en el Auto 316 de 2021[11], el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través del cual la administración cuestiona su propio acto administrativo, que creó o modificó una situación particular y concreta, por disposición expresa del legislador en los artículos 97 y 104 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde exclusivamente a los jueces administrativos. Incluso cuando el acto administrativo regule un tema relacionado con asuntos laborales o de la seguridad social, puesto que [ ] por medio de la acción de lesividad se debaten intereses propios de la administración, los cuales deben ser resueltos por el juez administrativo.[12]
III. CASO CONCRETO
La Sala Plena constata que, en el presente caso:
1. Se presentó un conflicto entre una autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa (Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B) y otra de la jurisdicción ordinaria laboral (Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla), de acuerdo con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, analizados en el fundamento jurídico 2.3 de esta providencia.
2. En concordancia con lo anterior, la Sala dirime el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por Colpensiones contra Gustavo Víctor Cermeño Ruiz, con el objetivo de solicitar la nulidad de las resoluciones que le reconocen al demandado una pensión de invalidez.
Lo anterior, tomando en consideración la regla fijada en el Auto 316 de 2021[13] y teniendo en cuenta que el medio de control interpuesto por Colpensiones se trata de una acción de lesividad cuyo trámite ha sido dispuesto expresamente en la legislación aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa. En efecto, por medio de esta medida, la mencionada entidad pretende, entre otras cosas, que se declare la nulidad de su propio acto y, por lo tanto, se acredita que el conocimiento de este asunto es de competencia exclusiva de los jueces administrativos.
3. En razón a los argumentos presentados, la Corte ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B y comunicar la presente decisión al demandante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por Colpensiones contra Gustavo Víctor Cermeño Ruiz, con el objetivo de solicitar la nulidad de las resoluciones que le reconocen al demandado una pensión de invalidez.
SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-2750 al Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al demandante y a los demás interesados.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
Ausente con excusa
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Esta demanda fue inadmitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección B el 3 de mayo de 2021 y subsanada por la entidad demandante el 10 de junio de 2021. Al respecto, ver expediente digital: 02.08001233300020200048800_ActaReparto_13-08-20202_34_39p.m.pdf y 05.INFORME SECRETARIAL.pdf.
[2] Por medio de las cuales se reconoció una pensión de invalidez y se ordenó el pago de un retroactivo de dicha pensión, respectivamente, a favor del señor Gustavo Víctor Cermeño Ruiz. Ver folio 1. (Expediente digital: 06.FALTA DE JURISDICCIÓN COLPENSIONES.pdf)
[3] Ver folio 1. (Expediente digital: 06.FALTA DE JURISDICCIÓN COLPENSIONES.pdf)
[4] Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 29 de mayo de 2019. Radicación No. 25000-23-42-000-2015-02775-01(3582-16). C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
[5] Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sentencia del 14 de noviembre de 2019. Radicación No. 11001010200020190244100. M.P. Alejandro Meza Cardales.
[6] El expediente fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 28 de marzo de 2023.
[7] Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: [ ] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[8] Autos 345 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 328 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, 452 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y 314 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
[9] Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Auto del 29 de mayo de 2019. Radicación No. 25000-23-42-000-2015-02775-01(3582-16). C.P. Carmelo Perdomo Cueter.
[10] Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Sentencia del 14 de noviembre de 2019. Radicación No. 11001010200020190244100. M.P. Alejandro Meza Cardales.
[11] CJU-489. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[12] En esa oportunidad la Corte analizó la cláusula especial de competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la propia administración. Resaltando que la acción de lesividad es una fórmula garantística que le permite a las entidades públicas someter sus actos al escrutinio judicial en aras de (i) proteger los intereses propios de la administración en aquellos eventos en los que los efectos del acto administrativo le resultan perjudiciales, (ii) salvaguardar el ordenamiento jurídico superior; y (iii) evitar que las situaciones irregulares motivadas por los actos de la administración puedan causar perjuicio al patrimonio público los derechos subjetivos públicos o a los derechos e intereses colectivos.
[13] CJU-489. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.